Uno de los abogados de la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) denunció este lunes "ilegalidades" en los registros en los tres domicilios de la actual senadora ordenados la pasada semana por un juez que investiga si recibió sobornos de empresarios durante el kirchnerismo.

El defensor Carlos Beraldi explicó en un comunicado que se le impidió "controlar" el operativo realizado el jueves pasado en la casa de la exmandataria en el barrio porteño de Recoleta, "violándose expresamente las disposiciones constitucionales" y "la ley dictada en consecuencia".

También consideró que no se respetó lo que el Senado había dispuesto cuando autorizó por unanimidad -con el voto a favor de la misma Fernández- que se realizaran los registros.

"Todas estas ilegalidades ya fueron denunciadas ante la justicia penal competente, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados y serán transmitidas a cada uno de los jefes de bloque del Senado", reveló Beraldi.

Asimismo, apuntó que el procedimiento realizado el viernes en el domicilio de la expresidenta en la sureña localidad de El Calafate "se extendió en el tiempo de manera ilegal y deliberada con el inequívoco propósito de seguir generando" material para las portadas de los diarios del fin de semana.

El abogado criticó que se filtraron a la prensa datos "absolutamente falsos" y negó que, como publicaron algunos medios locales, haya bóvedas, documentos u "objetos" que puedan tener una procedencia ilícita.

A su juicio, lo que el magistrado del caso, Claudio Bonadio, ordenó secuestrar no está relacionado con el objeto de la causa y, además, "son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación".

Beraldi también denunció que las autoridades se llevaron documentación que guarda relación directa con el cargo de senadora que actualmente ejerce Fernández, lo que, según dijo, demuestra la "persecución política" a la que esta se encuentra sometida.

Para Beraldi, lo ocurrido "se suma a la saga de dos años y medio de hostigamientos y persecuciones" hacia la exmandataria propios de "una sociedad predemocrática, en la que los derechos y garantías ciudadanos, al menos de los opositores al gobierno actual, son directamente eliminados".

La investigación de Bonadio ha dejado multitud de empresarios y exfuncionarios imputados, de los que alrededor de una quincena han declarado ya como "arrepentidos", figura que otorga a los acusados beneficios penales si colaboran con la Justicia.

El caso salió a la luz por los cuadernos de Oscar Centeno, un chófer del Ministerio de Planificación, en los que contaba cómo supuestamente llevaba bolsas con dólares de parte de empresarios a funcionarios, durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Fernández.

EFE